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Sanción por la falta de pago de indemnizaciones por despido.

Dr. Enrique Caviglia, Dpto Técnico Legal Laboral Arizmendi.
Publicado en Cronista.com

 

La realización de la finalidad protectoria del derecho del trabajo puede ser frustrada o postergada por la falta de cumplimiento oportuno las obligaciones del empleador. En el caso del despido sin causa, el aspecto protectorio se centra en el cumplimiento del pago de las indemnizaciones que la ley establece para esa forma de extinción. La ley dispone que el pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la extinción del contrato de trabajo, cualquiera fuera su causa, se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 128 computados desde la fecha de extinción de la relación laboral (LCT, artículo 255 bis) por lo que el empleador deberá pagar las indemnizaciones por despido sin causa dentro de los 4 días hábiles respecto del trabajador remunerado por mes o por quincena y dentro de los 3 días hábiles si se tratare de un trabajador remunerado por semana, debiendo contar el plazo desde la fecha del despido inclusive. La mora del empleador acarreará el devengamiento de los intereses por mora, sin necesidad de interpelación alguna del trabajador. Además, el legislador ha establecido una sanción especial por la falta de pago de las indemnizaciones por despido. La ley 25323 (B.O. 11/10/2000) dispone que "cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas por los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20744 (texto ordenado en 1976), y los artículos 6° y 7° de la Ley 25013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%." (Ley 25323, artículo 2°, párrafo primero) Los rubros indemnizatorios alcanzados por el incremento son la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido y la indemnización por despido (LCT, artículos 232, 233 y 245) Los artículos 6° y 7° de la Ley 25013 que correspondían a las indemnizaciones sustitutiva de preaviso y por antigüedad o despido establecidas por la ley mencionada, en el caso del despido de trabajadores ingresados a partir de la fecha de su vigencia. Tales artículos de la Ley 25013 no están vigentes pues han sido derogados por el artículo 41 la ley 25877.
La norma agrega que " Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago" (Ley 25323, artículo 2°, párrafo segundo)
La sanción incrementa las indemnizaciones pero no es parte de las mismas, además, está supeditada a la intimación fehaciente realizada por el trabajador, dirigida al empleador para que pague esas indemnizaciones y a que, ante la falta de pago, el trabajador iniciare una acción judicial o una instancia previa de carácter administrativo obligatoriamente impuesta antes del inicio de la demanda judicial. Por otra parte, los jueces están facultados a reducir o suprimir la sanción si valoraren que hubo causas que justificaran la conducta del empleador, sin que éstas llegaran a acreditar la justa causa del despido.
1. Aplicación de la sanción

1.1.- Despido indirecto
La sanción es aplicable al despido directo (dispuesto por el empleador) y también al supuesto del despido indirecto, en que el trabajador se considera despedido en virtud del incumplimiento de obligaciones del empleador que por su gravedad no permitan la continuación de la relación laboral. En el caso, el empleado tiene derecho a las indemnizaciones por despido (LCT, artículo 242 y 246) La jurisprudencia ha considerado que si se restringiera la aplicación al despido directo se beneficiaría la conducta del empleador que, provocando y forzando una situación injusta en perjuicio del trabajador, resultaría económicamente beneficiado por el solo hecho de haber evitado definir la irregular situación laboral que él mismo generó (CNTrab, sala VIII, 14/11/2008, "Sauto, Miguel Ernesto c/ Empresa San José S.A." En el mismo sentido: CNTrab, sala X, 27/11/2009, "Quiroz Flores, Marcos c/ Maycar S.A. s/ despido") Un fallo expresó que el incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2° de la Ley 25323 se aplica tanto cuando el empleador despide sin causa, cuando los motivos invocados como "justa causa" no resultan probados, como en los supuestos de despido indirecto, y precisó que si el referido artículo menciona al artículo 245 de la LCT (que comienza con la oración "en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa...") no se debe a que el legislador haya tenido la intención de limitar su aplicación, sino porque en dicha norma de la LCT se establece la indemnización por antigüedad para el despido incausado, que será de aplicable tanto cuando fuera dispuesto por el empleador (directo) como cuando fuera articulado por el trabajador (indirecto) (CNTrab, sala IV, 31/03/2009, "Bestilleiro, Mónica c/ MET AFJP S.A. s/ despido" Boletín CNTrab, 289)

1.2. Pago insuficiente de las indemnizaciones por despido
La sanción establecida por el artículo 2° de la Ley 25323 es aplicable al pago insuficiente de las indemnizaciones por despido si el trabajador que intima al pago de la diferencia adeudada por la empleadora, tiene que iniciar la acción judicial para percibir la diferencia indemnizatoria (CNTrab, sala IV, 28/12/2009, "Delgado, Norma Alicia c/ Responsabilidad Patronal ART S.A. s/ despido" Boletín CNTrab 297) En tal supuesto, la sanción se debe limitar a la mitad de la diferencia impaga.

1.3. Supuestos excluidos
No es aplicable la sanción en el caso de la falta de pago de la indemnización por muerte del trabajador (CNTrab, sala VIII, 24/06/2008, "Giangiulo, Rosa c/ Mesplet, Larrañaga y Giaccone S.A. s/ indemnización por fallecimiento) Tampoco procede en el caso de la extinción del contrato por la imposibilidad física del trabajador de proseguir las tareas y la imposibilidad del empleador de otorgarle tareas acordes con su capacidad residual (LCT, artículo 212, 2° párrafo) (CNTrab, sala I, 28/08/2008, "Almirón, Carlos Alberto c/ Celulosa Campana S.A. s/ despido" Boletín CNTrab, 283)

1.4. Intimación previa
La intimación debe ser precisa pues debe requerir el pago de las indemnizaciones por despido (LCT, artículos 232, 233 y 245) o el pago de cualquier diferencia de estas indemnizaciones, sin que pueda considerarse cumplido este requisito mediante el empleo de expresiones ambiguas o la mención de un reclamo genérico. Un fallo decidió que era insuficiente la intimación en la cual el accionante consignó que reclamaría ante el Ministerio de Trabajo todos sus derechos, así como el acta por la cual se da cuenta de una audiencia conciliatoria sin dar mayor detalle. (CNTrab, sala II, 27/10/08. "Gómez, Manuel c/ Galvasa S.A. y otro s/ despido" Boletín CNTrab 285) Tampoco resulta suficiente la intimación cursada a la empleadora para que abone la "liquidación final" (CNTrab, sala VI, 23/09/2008, "Barrios Díaz, Roberto c/ Construcsur SRL y otro s/ despido", Boletín CNTrab 284)

1.5. La conducta pasible de sanción
Según la norma legal, la conducta a la que es aplicable la sanción es la falta de pago de las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de la LCT, cuando el trabajador que ha intimado infructuosamente al empleador a su pago, debió iniciar una acción judicial o una instancia obligatoria previa a la demanda judicial. Al referirse la norma a indemnizaciones establecidas por la Ley de contrato de trabajo se planteó el problema de la aplicación de la sanción a los supuestos de falta de pago de indemnizaciones previstas en regímenes particulares para el caso de la extinción de la relación laboral en las situaciones consideradas precedentemente.

1.5.1. Fallos plenarios
Diversos fallos plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo han resuelto la aplicabilidad de la sanción en el caso de indemnizaciones dispuestas por regímenes particulares que regulan las relaciones laborales de ciertos trabajadores.
a) Periodistas profesionales
El fallo plenario 313 del 05/06/2007 dictado en autos "Casado, Alfredo Aníbal c/ Sistema Nacional de Medios Públicos S.E." resolvió que "El recargo previsto en el artículo 2° de la Ley 25323 no se aplica, en las relaciones regidas por la Ley 12908, a las indemnizaciones regidas en el artículo 43, incisos b) y c) de esta última ley. Asimismo tampoco se aplica a la indemnización dispuesta en el inciso d) del mismo artículo."
La Ley 12908 rige la relación laboral de los periodistas profesionales y las indemnizaciones establecidas por el artículo 43, son las del inciso b) indemnización por falta de preaviso, la del inciso c) indemnización por despido injustificado, y la prevista en el inciso d) de la misma norma, que es una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo que la empleadora debe abonar en el caso de despido injustificado.
b) Personal de casas de renta y de edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal
El fallo plenario 320 del 10/09/08, dictado en el expediente "Iurleo, Diana Laura c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Luis Sáenz Peña 1195 s/ despido" resolvió que: "El recargo previsto en el artículo 2° de la Ley 25323 no se aplica, en las relaciones laborales regidas por la Ley 12981, a la indemnización dispuesta en el artículo 6°, 4° párrafo, de esta última ley. Tampoco se aplica a la indemnización establecida en el quinto párrafo del mismo artículo"
La Ley 12981 rige la relación laboral de los trabajadores de casas de renta y de fincas sometidas al régimen de propiedad horizontal (ley 13512) El artículo 6° establece las indemnizaciones por falta de preaviso (4° párrafo) y por despido (5° párrafo)
En los dos casos mencionados, la decisión judicial excluyó a los trabajadores regulados por esas regulaciones particulares de la posibilidad de demandar la aplicación de la sanción prevista en el artículo 2° de la Ley 25323 para la falta de pago de indemnizaciones por despido.
c) Trabajadores marítimos
La cuestión fue nuevamente abordada en un reciente fallo plenario referido a otro sector de actividad, el de trabajadores marítimos cuyas relaciones laborales están reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley 20.094. Se preguntó a los jueces si el recargo previsto en el artículo 2° de la Ley 25323 se aplica a las indemnizaciones previstas para estos trabajadores.
La votación resultó en un empate, por lo que la presidente del tribunal, Dra. Ferreiros votó nuevamente para resolver la cuestión planteada.
Puede resumirse el sentido de cada una de las posiciones interpretativas de la manera siguiente: El Fiscal General y los Jueces que votaron por la negativa entendieron que la ley es precisa al describir las indemnizaciones que se incrementan y menciona los artículos que las disponen, por lo que los jueces no pueden extender los alcances de la norma que tiene una finalidad punitiva. Algunos votos que expresaron este criterio evocaron doctrina de la Corte sobre la función de los jueces, quienes no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma como éste la concibió y también se estimó que la interpretación analógica no era posible por la naturaleza penal de la sanción legal.
En cambio, los jueces que sustentaron el voto por la afirmativa, postularon que el artículo 2° de la Ley 25323 debía ser interpretado en sentido amplio y que cuando la norma señalaba los artículos que detallaban la protección indemnizatoria, debía entenderse que abarcaba todos los supuestos de reparación, aún los dispuestos para los trabajadores amparados por estatutos particulares (voto de la Dra. Ferreirós). Además, se argumentó que los trabajadores marítimos tienen también, frente al despido sin causa una indemnización en función de su antigüedad y un resarcimiento según que su antigüedad fuera mayor o menor a cinco años, por lo que frente a situaciones similares a las contempladas en la Ley de contrato de trabajo no puede darse un tratamiento diferente sin afectar el principio de no discriminación, consagrado en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país (voto del Dr. Pompa)
Entre los votos que respondieron afirmativamente a la pregunta planteada, es interesante destacar que se resaltó que la autonomía colectiva estableció que la indemnización aplicable al trabajador de la navegación despedido sin causa no es otra que la del artículo 245 de la Ley de contrato de trabajo, mencionada expresamente por el artículo 2° de la Ley 25323, de lo que resulta que en el caso no se estaba ante un régimen indemnizatorio derivado de un estatuto particular estructurado de modo diferenciado, sino que la indemnización está determinada con ajuste a lo reglado por el artículo 245, por lo que no debía aplicarse los mismos criterios que los empleados al resolver los fallos plenarios 313 y 320 (ver los votos de los Dres. Raffaghelli y Vázquez)
En virtud del voto por la afirmativa de la Dra. Ferreirós, que desempató el plenario, el Tribunal fijó la siguiente doctrina aplicable a los trabajadores marítimos.
"El recargo previsto en el artículo 2 de la Ley 25323 se aplica a las indemnizaciones previstas para los trabajadores marítimos, sujetos de relaciones reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley 20094" (CNTrab, Plenario 326 del 9/05/2011, "Gauna, Edgardo Dionisio c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/ despido")
2. Conclusión
El fallo plenario Gauna resuelve la aplicación del recargo a la indemnización por despido de los trabajadores marítimos. Dos temas son relevantes para la interpretación de la norma que motivó la convocatoria al plenario. La necesidad de interpretarla de acuerdo con los fines tenidos en cuenta por el legislador y el carácter punitivo del recargo que está referido a indemnizaciones definidas por normas expresamente mencionadas por la ley 25323. En el caso, la realización del valor de la justicia da un impulso para que la solución normativa, cuya finalidad es desalentar las conductas de empleadores que eluden el pago de las indemnizaciones por despido debidas al empleado, se aplique también a otros trabajadores regidos por regímenes especiales que establecen sus propias indemnizaciones. Al fin de cuentas, en esos casos también se trata de indemnizaciones por el despido sin causa de los trabajadores. Sin embargo, el carácter punitivo de la norma que establece el recargo debe ser entendido como una valla que impide extender la solución normativa (la sanción) a otros supuestos diversos de los expresamente contemplados por el artículo 2° de la Ley 25323. Al tratarse de una sanción, la interpretación extensiva o la analogía deberían ser excluidas. El tema requiere una corrección legislativa que refiera la sanción a la falta de pago de las indemnizaciones por despido, sin confinarlas a las previstas por la ley de contrato de trabajo.

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