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Régimen de empleo protegido para personas con discapacidad

Dr. Enrique Caviglia
Publicado en Cronista.com

 

La protección de las personas con discapacidad ha avanzado en nuestro país con la sanción de la Ley 26.816 (B.O. 9/01/2013) que crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. La Ley 22431 determina que se considera discapacitada la persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral (artículo 2°) y establece un sistema de protección integral para estas personas, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación y su seguridad social, así como concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca (artículo 1°) En la evolución normativa se destaca la aprobación, mediante la Ley 26378 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13/12/06. El propósito declarado por la convención es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente" (artículo 1°) La Convención determina que "las personas con discapacidad incluyen a aquéllas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás" (artículo 1°, párrafo 2°) La Convención dispone que los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo (artículo 5°, inciso 2°) Establece que con la finalidad de promover la igualdad y evitar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas específicas que sean necesarias para asegurar la realización de ajustes razonables (artículo 5°, inciso 3°) La norma establece que por "ajustes razonables" se entenderán "las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (artículo 2°)
1. El nuevo régimen
Entre los objetivos del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, figura el de "Promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso de un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado" (artículo 1°)

1.1. Beneficiarios
Se podrán incorporar a las distintas modalidades del Régimen, las personas definidas en el artículo 2° de la Ley 22431, que no posean un empleo y que manifiesten su decisión de insertarse en una organización de trabajo. Estas personas deben estar inscriptas en las oficinas de empleo municipales creadas por la Resolución MTE y SS 176/2005, y tener el Certificado Único de Discapacidad previsto por el articulo 3° de la citada ley. El certificado es expedido por el Ministerio de Salud de la Nación, organismo que certifica la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado y el tipo de actividad laboral o profesional que puede desempeñar. La misma validez tienen los certificados expedidos por las provincias adheridas a la Ley 24901.

1.2. Modalidades
La norma establece que la implementación del régimen se llevará a cabo mediante las siguientes modalidades de empleo:
a) Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE)
Su objetivo es "brindar a sus miembros un trabajo especial que les permita adquirir y mantener las competencias para el ejercicio de un empleo de acuerdo a las demandas de los mercados laborales locales y sus posibilidades funcionales" (artículo 3°)
Los trabajadores con discapacidad que se desempeñen en un TPEE deberán ser desocupados, con escasa productividad, con dificultades para insertarse laboralmente. Estos trabajadores podrán realizar tareas para la producción de bienes y/o servicios y para su comercialización, con el objeto de realizar prácticas de entrenamiento para el empleo (artículo 10°, apartado 1)
Los organismos responsables de los TPEE deberán registrarse como titular de la modalidad que adopten y dar el alta de los trabajadores con discapacidad en el registro que se deberá habilitar al efecto, promoverán actividades para dar a sus miembros formación permanente y actualizada de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales y brindarán apoyo a esos trabajadores en su búsqueda de empleo (artículo 11)
La relación que vincula al trabajador con discapacidad y el Organismo Responsable de un TPEE no configura un contrato de trabajo regido por la Ley 20744 y sus modificatorias, sin perjuicio de la aplicación de los estímulos previstos por la Ley 26816 para estos trabajadores. Pero la relación es considerada como Régimen de Trabajo Especial, que implica para el trabajador con discapacidad el deber de asistir regularmente a las actividades que se les asignen, con una jornada diaria máxima de 8 horas y una mínima de 4 horas , según se determine conforme a las posibilidades funcionales del operario y las disponibilidades del taller, observar puntualidad, poner empeño en las actividades asignadas y cumplir las normas reglamentarias (artículo 12)
El trabajador con discapacidad que se desempeñe bajo la modalidad de TPEE recibirá una asignación estímulo, no remunerativa, equivalente al cuarenta por ciento del salario mínimo vital y móvil vigente. La norma establece que junto con la asignación estímulo de junio y diciembre de cada año, el trabajador recibirá un beneficio del cincuenta por ciento (50%) del importe que por ese concepto le corresponda percibir ese mes (artículo 26, incisos a y b)
b) Taller Protegido de Producción (TPP)
El TPP desarrolla actividades productivas, comerciales o de servicio para el mercado, debiendo brindar a sus trabajadores un empleo remunerado y la prestación de servicios de adaptación laboral y social (artículo 4°)
Las plantillas del personal de los TPP deben estar integradas, como mínimo, en un ochenta por ciento (80%) con personas con discapacidad. El mínimo será del setenta por ciento (70%) cuando se trate de TPP con menos de diez (10) trabajadores (artículo 14, apartado 1)
La vinculación que se establece entre estos trabajadores y el organismo responsable del TPP es laboral. La norma postula que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado, pero autoriza a celebrar contratos por tiempo determinado cuando la naturaleza de la tarea así lo requiera (artículo 14, apartado 2)
El organismo responsable del TPP está obligado a registrase como titular de esa modalidad y dar el alta de sus trabajadores, antes del comienzo de su prestación personal, en el registro que deberá habilitarse. Además, deberá propender a la inserción laboral de sus trabajadores en empleos regulares (artículo 15)
El TPP recibirá una asignación estímulo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico mensual del personal de maestranza y servicio, categoría quinta del CCT 462/06, para instituciones civiles y deportivas, que será imputable a cuenta del sueldo que corresponda a cada beneficiario comprendido en un organismo responsable con la modalidad de TPP, el que deberá satisfacer el importe restante para completar la remuneración (artículo 26, inciso g) Se infiere de esta norma que el haber del trabajador se integra con la asignación estímulo referida y con el importe necesario para completar la remuneración que le corresponda.
El gasto que demande la aplicación de los estímulos mencionados para los TPEE y los TPP estará a cargo del Estado nacional por un período de 24 meses. La autoridad de aplicación deberá procurar la incorporación de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios al Régimen Federal de Empleo regulado por la ley, en un plazo no mayor a los 24 meses. En la distribución de responsabilidades se propende que los estímulos referidos queden a cargo de las jurisdicciones locales mencionadas (artículo 27)
c) Grupos Laborales Protegidos (GLP)
Se consideran tales a células o secciones de empresas públicas o privadas, constituidas íntegramente por trabajadores con discapacidad (artículo 5°) Las secciones o células deben estar compuestas por no menos de dos trabajadores en empresas hasta con veinte trabajadores; tres trabajadores en empresas con hasta cincuenta trabajadores, y de seis trabajadores como mínimo en empresas con más de cincuenta trabajadores. Las empresas que constituyan GLP deberán ofrecer las ayudas técnicas y acciones de capacitación necesarias para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo, que les permita obtener y conservar un empleo formal no protegido (artículo 16)

1.3. Régimen de Seguridad Social
La norma crea un régimen especial de seguridad social que brindará cobertura a los trabajadores comprendidos en la ley, respecto de las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia; enfermedad, cargas de familia y riesgos del trabajo (artículo 17)
Importa destacar que los aportes y contribuciones que imponen las leyes nacionales a cargo del trabajador y del empleador, respecto de los trabajadores comprendidos en la ley, que presten servicios en las modalidades de TPP o en los GLP serán sustituidos por los estímulos previstos en los incisos c) y d) del artículo 26 de la Ley 26816 (artículo 21) Estos estímulos comprenden al pago del 100% de los aportes del trabajador y al pago del 100% de las contribuciones patronales que se deban abonar respecto de los beneficiarios (trabajadores con discapacidad) que presten servicios bajo la modalidad de TPP y GLP.
Otro aspecto notable es la compatiblidad que establece la ley con relación a la percepción de las sumas que por cualquier concepto se devenguen a favor de las personas con discapacidad por las actividades comprendidas en la norma, con la percepción de cualquier tipo de pensión o prestación fundada en la discapacidad laboral de su titular, sea de carácter no contributivo, acordada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o por cualquier otro régimen público de previsión social anterior, nacional, provincial, municipal o de las Fuerzas Armadas, o de Seguridad o de Defensa. La compatibilidad regirá en los casos en que la retribución total de las tareas realizadas no exceda al equivalente de tres haberes jubilatorios mínimos (artículo 23)
El régimen especial de seguridad social establecido por la norma permite a sus beneficiarios acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida por el artículo 19 de la Ley 24241, con 45 años de edad y 20 de servicios, siempre que acrediten que durante los 10 años anteriores al cese o a la solicitud del beneficio hayan prestado servicios en TPEE, en TPP o en GLP. Igualmente otorga el derecho a la jubilación por invalidez a los afiliados discapacitados que durante su desempeño en esas entidades se incapaciten en forma total para realizar las actividades que su capacidad inicial les permitía desempeñar (artículo 20)

1.4. Autoridad de aplicación
La Ley designa como tal al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al que confiere la administración del Régimen, la coordinación con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, de la asistencia técnica a brindar a los organismos públicos y privados que gestionen los TPEE, TPP y GLP. También le encarga el dictado de las normas complementarias y aclaratorias para la implementación del Régimen.

1.5.Vigencia
La ley dispone que entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial (artículo 39) La norma fue publicada el 9/01/2013 por lo que inició su vigencia el 1/02/2013. A partir de esta fecha, quedó derogada la Ley 24147 que regulaba a los Talleres Protegidos de Producción.
2. Conclusión
El nuevo Régimen Federal de Empleo significa un progreso en la realización de los objetivos diseñados por la Ley 22431 y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 26378. Esa convención expresa el reconocimiento por los Estados Partes, del "derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, que incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad" (artículo 27, apartado 1) Entre las medidas que deben adoptar los Estados se incluye el empleo de personas con discapacidad en el sector público, y la promoción del empleo de personas con discapacidad en el sector privado (artículo 27, apartado 1, incisos g y h) La obligación de los Estados comprende la promoción y salvaguarda del ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo.

El Dr. Enrique Caviglia es Abogado, asesor en temas laborales e integrante del Dpto. Técnico Legal Laboral de ARIZMENDI.

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