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Trabajadores rurales: Régimen de seguridad social y beneficio jubiltatorio.

Dra. Marina Simondegui | Depto. Técnico Legal Laboral
Publicado en fyo.com

 

Explica la asesora Marina Simondegui que se trata de un sistema más favorable que el sistema general de la Ley 24241 debido a las características específicas de la labor que desarrollan los trabajadores rurales y al medio en que realizan la misma.

La ley anterior de trabajo rural (Ley 22248) nada decía al respecto, motivo por el cual, remitía al sistema general de la Ley 24241, que determina que tendrán derecho a la prestación básica universal (PBU) los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60, ambos con 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.

El sistema de seguridad social especial que establece el artículo 78 la Ley 26727 determina que tendrán derecho a la jubilación ordinaria los hombres y mujeres a los 57 años y con 25 años de servicio con aportes. Es decir, se reduce la edad jubilatoria en ambos sexos, como así también la cantidad de años de servicios.

Asimismo, dispone que si el trabajador se desempeñó alternadamente en una actividad de otra naturaleza que no sea de carácter rural, se realizará un prorrateo en función del límite de edad y de aportes para cada clase de tareas y de actividad. Por su parte la ley anterior solo contemplaba el tiempo de servicio en el ámbito rural o como trabajador rural.

En tal sentido, el nuevo sistema de seguridad social determina un aumento en dos puntos porcentuales (2%) de la contribución patronal por jubilación para el financiamiento del sistema de seguridad social, conforme lo dispuesto por la Resolución General 3308 AFIP (BO: 04/04/2012) que, en su artículo 3, estableció un incremento de la contribución patronal del 2% a partir del 01/01/2012 para la aplicación del régimen especial de seguridad social.

No obstante, fue recién con fecha 12/04/2013, que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió la Circular DP 34/2013, a los efectos de establecer el procedimiento a seguir para la tramitación de las solicitudes para acogerse al beneficio previsional mediante el régimen especial de la Ley 26727.

Es decir, desde que la nueva Ley 26727 creó el régimen previsional especial, pasó casi un año y medio hasta que se contara con el procedimiento necesario para el otorgamiento de los beneficios jubilatorios y, por ende, para que se los pudiera percibir, previa tramitación del mismo.

La Circular DP 34/2013 de la ANSES determina las pautas del nuevo régimen previsional especial para los trabajadores rurales, diferenciándolo del régimen general de la Ley 24241. Pero se dispone que esta ley se aplicará en forma supletoria en lo que no sea compatible con el nuevo régimen, tal como surge del artículo 82 de la Ley 26727: “Para los supuestos no contemplados en el presente Título, supletoriamente rige la ley 24241, sus complementarias y modificatorias”.

La disposición interna de la ANSES (Circular DP 34/2013) reedita las expresiones de la nueva ley en cuanto a la edad (57 años sin distinción de sexo) y tiempo de servicios (25 años con aportes), aclarando que en caso de tareas alternadas en el ámbito rural y otras de cualquier naturaleza, se realizará un prorrateo.

Se deberá requerir, por ser un régimen previsional especial, el cese de servicios para dar curso al beneficio, que deberá ser completado por el empleador en el formulario correspondiente. El fundamento es el acceso a un beneficio en virtud de un régimen especial, que es tal por prestar servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro. Y expresamente el sistema general de la Ley 24241 (artículo 34 punto 4) determina que “Los beneficiarios de prestaciones previsionales que hubieren accedido a tales beneficios amparados en los regímenes especiales para quienes presten servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, no podrán reingresar a la actividad ejerciendo algunas de las tareas que hubieren dado origen al beneficio previsional. Si así lo hicieren, se le suspenderán el pago de los haberes correspondientes al beneficio previsional otorgado”.

De tal manera, se trata de evitar que el trabajador siga prestando tareas en la misma actividad cuando la ley lo beneficia con una jubilación anticipada.

Por su parte, esta circular define lo que se entiende por actividad agraria, en los siguientes términos: “Toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que estos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales”.

Además, determina aquellas actividades que estarán incluidas en el régimen previsional especial, pese a no desarrollarse en ámbitos rurales: “Estarán comprendidas en el presente régimen siempre que no se realicen en establecimientos industriales y aun cuando se desarrollen en centros urbanos las siguientes tareas:

La manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, semillas u otros frutos o productos agrarios.
Las que se prestaren en ferias y remates de hacienda.
El empaque de frutos y productos agrarios propios.
Cosecha y/o empaque de frutas en actividades que estuviesen reguladas por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)...
Las relaciones laborales de los trabajadores que se desempeñen en las distintas etapas y tareas de la producción de una actividad agraria cíclica que se desarrolle dentro de un proceso temporal definido, siempre que las primeras tareas que integran la producción dentro del referido proceso temporal se enmarquen dentro de sus previsiones y no constituyan proceso industrial”.

Asimismo, esta norma remite, a las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y de la Comisión Nacional de Trabajo Rural (CNTR), en lo que debe entenderse por las distintas categorías de trabajadores rurales.

Y finalmente establece: “De surgir dudas acerca de una actividad para su inclusión al amparo de esta norma legal, deberán enviar una nota a la Dirección Previsional explicando la situación y adjuntando los antecedentes, a fin de que esta solicite la intervención de la Autoridad de Aplicación competente para discernir si la misma se encuentra incluida en los términos de la ley 26727, tal como lo dispone la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el dictamen 54539 de fecha 5/4/2013”.

Asimismo, la Circular determina cuáles son las actividades excluidas pese a desarrollarse en el ámbito rural:

Personal afectado exclusiva o principalmente a actividades industriales, comerciales, turísticas, de transporte o servicios, aunque se desarrollaren en empresas o establecimientos mixtos, agrario-industriales o agrario-comerciales o de cualquier otra índole.
Trabajadores contratados para realizar tareas ajenas a la actividad agraria.
Trabajador del servicio doméstico regulado por el decreto-ley 326/1956, o la que en un futuro lo reemplace, en cuanto no se ocupare para atender al personal que realizare tareas agrarias.
Personal administrativo de los establecimientos.
Personal dependiente del Estado Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias o municipios.
Trabajador ocupado en tareas de cosecha y/o empaque de frutas, el que se regirá por la ley 20744 (t.o. 1976), sus modificatorias y/o complementarias, salvo aquellos que desarrollen las tareas de empaque de frutos y productos agrarios propios.
Trabajadores comprendidos en las convenciones colectivas de trabajo con relación a las actividades agrarias incluidas en el régimen de negociación colectiva previsto por la ley 14250 (t.o. 2004) con anterioridad a la entrada en vigencia del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, aprobado por la ley 22248”.


Y, por último, establece cómo deberán acreditarse los servicios rurales anteriores al 01/01/2012, fecha de entrada en vigencia de la nueva ley de trabajo agrario y del régimen previsional especial, disponiendo que: “…todos aquellos que se encuentren registrados en el sistema, en la historia laboral del trabajador, se los tiene por acreditados. Y con respecto a los períodos no registrados o de no encontrarse ingresados los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se determina cuál es el procedimiento a seguir en tres pasos…”, los cuales son los siguientes:

Se lo probará con la testimonial de por lo menos dos testigos, corroborada por principio de prueba por escrito de la que resulte la actividad rural del peticionante.
Se aplicará un cargo del 5% del haber jubilatorio, en forma mensual y personal al trabajador que se acoja al beneficio, por los servicios anteriores al 01/01/2012 no registrados y acreditados por medios probatorios.
Se deberá notificar que el cargo efectuado es a cuenta de los aportes omitidos previstos en el artículo 83 de la ley 26727, hasta tanto se reglamente el procedimiento definitivo que permita cuantificar y descontar la deuda correspondiente. Dicha notificación, que debe firmar el trabajador, forma parte del anexo de la mencionada circular.


CONCLUSIÓN DE ARIZMENDI
Concluyen desde Arizmendi, que el nuevo régimen de seguridad social para los trabajadores rurales establece un sistema más beneficioso que el régimen general, atendiendo a las características especiales de la actividad agraria, como así también por el hecho de prestar servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro.

La modificación de la edad jubilatoria podría producir un beneficio adicional al provocar un cambio generacional en el sistema productivo, al salir los peones rurales de la vida activa con anticipación, dando paso al empleo de los jóvenes.

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