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La incapacitación definitiva del trabajador rural.  Una reflexión sobre las normas que regulan su proyección sobre la relación laboral.Nota I: La cuestión y sus antecedentes

Dr. Julio M. Mirasson | Depto. Técnico Legal Laboral
Publicado en news.agrofy.com.ar

 

Una amplia gama de las tareas que se desarrollan en la actividad rural presentan como rasgo común la exigencia de un mayor esfuerzo físico con el consiguiente desgaste, situación que ha motivado que a partir de la vigencia de la Ley 26.727 de Trabajo Agrario, vigente desde enero de 2012, también se incluyera a éstos en un régimen previsional diferencial que les permite obtener el beneficio de jubilación ordinaria con 57 años de edad y 25 años de servicios en la actividad. 

Asimismo la experiencia habla de la gravedad de las consecuencias que la mayoría de los accidentes de trabajo causa en el ámbito rural.

Lo antedicho explica la importancia de conocer la proyección que sobre la relación laboral tiene la incapacitación permanente del trabajador. Esa situación puede definirse como la que le impide cumplir al trabajador las tareas habituales que desarrollaba antes de aquel, causada por un accidente o enfermedad, vinculada o no al trabajo.

Conforme también a la ley antes referida son aplicables a esa incapacidad las reglas del Art. 212 de la LCT y explicaremos los problemas prácticos que, en nuestra opinión, se derivan de su aplicación.

Pero entendemos que es útil previamente referirnos a su antecedente inmediato, el Art. 71 de la derogada Ley 22.248 de 1980 -Régimen Nacional de Trabajo Agrario-.  Esta norma decía textualmente  que “Si por causa sobreviniente a la iniciación de la relación laboral el trabajador quedare afectado definitivamente por una disminución de su capacidad laboral, el empleador podrá rescindir el contrato de trabajo, debiendo abonar la indemnización prevista en el artículo 76, inciso a).”.

Cuando comparemos esta disposición con la vigente debemos retener lo siguiente:
-La regla aludía a una disminución definitiva de la capacidad laboral sin establecer gradaciones en cuanto a su intensidad y a la afectación de aquella. Es decir que bastaba con que el trabajador no pudiera realizar sus tareas habituales. Era irrelevante si podría o no realizar otras que le asignara su empleador o si, directamente no podía realizar ninguna quedando marginado del mercado de trabajo.

En esta parte, la disposición parecía razonable, en la medida en que, independientemente de ese grado de afectación, la imposibilidad de volver a realizar las tareas habituales, en la actividad rural, prácticamente sella la suerte de la relación laboral. En la realidad son bajas o nulas las probabilidades de asignar tareas distintas, como sí está previsto en el régimen general por el Art. 212 de la LCT.

Quizás por ese motivo la norma en comentario, a diferencia del Art. 212 de la LCT, no establecía ni la obligación del empleador de asignar tareas al trabajador compatibles con la disminución de su capacidad laborativa.
-Pero luego, la norma establecía una solución discutible. Disponía que el empleador “podía” rescindir el contrato de trabajo, en cuyo caso debía pagar una indemnización igual a la que preveía el Art. 76 inc. a) en función de la antigüedad del trabajador. Es decir, no lo obligaba al menos a texto expreso, a desvincular al dependiente pero si lo hacía debía indemnizar.

Esta parte de la norma motivó interpretaciones encontradas ya que si bien la relación se extinguía por una causa de fuerza mayor -ajena a la voluntad de las partes por lo que el daño no era indemnizable por el empleador-,  el trabajador objetivamente quedaba en una situación de desamparado. 

Pero además, esta solución no parecía tampoco consistente con dejar librado a la voluntad exclusiva del empleador “extinguir” una relación laboral que, en los hechos, había finalizado. Es decir que ante una situación objetiva, dependía de la voluntad del empleador la posibilidad de un resarcimiento.   

El Dr. Julio Mirasson, especialista laboral de Arizmendi, añade dos comentarios para cerrar este panorama de la regulación de la incapacidad permanente o definitiva del trabajador rural antes de 2012. Durante la vigencia de la Ley 22.248, ninguna disposición de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT) era aplicable a los trabajadores rurales, rigiéndose la relación laboral por la primera de esas leyes. Ello respondía a que el Art. 2º de la LCT excluía a aquellos de su aplicación.

Sobre ese fundamento normativo, la jurisprudencia predominante se había pronunciado por la inaplicabilidad del Art. 212 de la LCT a los trabajadores rurales.         

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