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Salario Mínimo Vital y Móvil: nuevos valores

Dr. Fernando Bianchi | Depto. Técnico Legal Laboral
Publicado en news.agrofy.com.ar

 

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El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, por medio de la Resolución 6 /2019, ha fijado los nuevos valores para el SMVM y el mínimo y máximo de la Prestación por Desempleo.
Mediante dicha Resolución se establece para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del ESTADO NACIONAL que actúe como empleador, un Salario Mínimo, Vital y Móvil, dispuesto en las siguientes sumas:
A partir del 1° de agosto de 2019, en $14.125,00.- para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, y de $70,62 por hora para los trabajadores jornalizados.
A partir del 1° de septiembre de 2019, en $15.625,00.- para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, y de $78,12.- por hora para los trabajadores jornalizados.
A partir del 1° de octubre de 2019, en $16.875,00 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, y de $84,37 por hora para los trabajadores jornalizados.
 Asimismo esta Resolución incrementa los montos correspondientes al mínimo y máximo de la prestación por desempleo -artículo 135, inciso b) de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias-, fijándose las siguientes sumas:
A partir del 1° de agosto de 2019, en $ 3.285,51.- y $ 5.256,83.- respectivamente.
A partir del 1° de septiembre de 2019, en $ 3.634,41.- y $ 5.815,08.- respectivamente.
A partir del 1° de octubre de 2019, en $ 3.925,17.- y $ 6.280,28.- respectivamente.
 

Si bien esta Resolución comprende a los Trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, no a los Trabajadores Rurales comprendidos en la Ley 26.727. La misma es importante tenerla en cuenta para determinar la base de cálculo de retenciones de embargos sobre el sueldo de los trabajadores, como para el caso del personal administrativo no contemplado en la ley rural, sino en la LCT, concluye el Dr. Fernando Bianchi, especialista laboral de Arizmendi.

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