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COVID-19: ¿enfermedad profesional o enfermedad inculpable?

Dra. Marina Simondegui | Depto. Técnico Legal Laboral
Publicado en news.agrofy.com.ar

 

El COVID como enfermedad, y las distintas medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, ha influido en el campo de las relaciones laborales. Dicha influencia, entre otros, se refleja en la consideración del COVID-19 como situación de enfermedad que provoca la ausencia del trabajador a sus tareas laborales.

El Decreto 367/2020 (BO 14/042020) dispuso que la enfermedad COVID-19 se consideraría -presuntivamente- una enfermedad profesional -no listada-, en los términos del apartado 2.b) del artículo 6 de la Ley 24557, respecto de aquellos trabajadores excluidos del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto 297/2020 y sus normas complementarias. Es decir, respecto de aquellos con dispensa legal a fin de cumplir las actividades declaradas esenciales, mientras se encontrara vigente la medida de aislamiento.

El grupo de los trabajadores de la salud y los miembros de las fuerzas de seguridad que cumplieran servicio efectivo tuvieron un tratamiento diferencial. En estos casos, según lo dispuesto por el Decreto 875/2020 (BO 07/11/2020), la declaración de enfermedad profesional no listada se mantendría hasta los 60 (sesenta) días posteriores a la finalización de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 260/2020.

Posteriormente, el Decreto 39/2021 (BO 23/01/2021), estableció que por el término de 90 días corridos, contados a partir de su entrada en vigencia (es decir, a partir del 23/01/2021), se seguiría considerando a la enfermedad COVID-19 de carácter profesional no listada pero respecto de la totalidad de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 24557 sobre riesgos del trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales de trabajo fuera de su domicilio particular. Asimismo, reiteró la situación especial de los trabajadores de la salud y los miembros de las fuerzas de seguridad que cumplieran servicio efectivo y el plazo de hasta 60 (sesenta) días posteriores a la finalización de la emergencia sanitaria.

Estas medidas se fueron prorrogando, siendo la última la dispuesta por el Decreto 413/2021 (BO 28/06/2021), que estableció su extensión hasta el 31/12/2021.

A finales del año 2021 se publicaron dos normas importantes que están vinculadas con las medidas en comentario.

Por un lado, el Decreto 867/2021 (BO 24/12/2021) extendió la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Decreto 260/2020 hasta el 31/12/2022. Además, modificó el artículo 2 del Decreto 260/2020, ampliando las facultades del Ministerio de Salud para adoptar las recomendaciones y medidas necesarias a fin de mitigar el impacto sanitario de la pandemia por COVID-19, según el contexto epidemiológico, sanitario y el avance de la campaña de vacunación. Es decir, se le confieren facultades genéricas para que pueda dictar normas generales y obligatorias sobre cuestiones atinentes a la emergencia sanitaria.

Por otra parte, el Decreto 886/2021 (BO 24/12/2021), que extiende la vigencia de la indemnización incrementada en caso de despido sin justa causa, no reitera, ni prorroga la consideración del COVID como enfermedad no listada prevista en el Decreto 39/2021.

Esta omisión fue ratificada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo mediante un comunicado de prensa de fecha 14/01/2022, en el cual expresa:
“…Hoy, si bien se verifica que continúan los contagios, el peso de los conocimientos adquiridos durante todo este período permite afirmar que, mientras en un contexto de aislamiento social resultaba razonable considerar a la enfermedad producida por el coronavirus como presuntivamente de carácter profesional, al eliminarse las restricciones de circulación y permitirse la mayor parte de las actividades de tipo social (que se sabe son especialmente propicias a la propagación del virus), la aplicación de esta presunción a cualquier ámbito laboral carece de justificación al verse notoriamente reducida la probabilidad de aseverar indubitablemente, con una base científica de certeza razonable, que el contagio se produjo en el lugar de trabajo…”.

En consecuencia, a partir del 01/01/2022, el COVID-19 ha dejado de ser una enfermedad profesional no listada en el marco de la Ley 24557 para casi la totalidad de los trabajadores. Solo se sigue considerando como una enfermedad profesional no listada para el grupo de trabajadores de la salud y los miembros de las fuerzas de seguridad que cumplan servicio efectivo, conforme la extensión dispuesta por el Decreto 39/2021 hasta los 60 (sesenta) días posteriores a la terminación de la emergencia sanitaria, es decir hasta el 28/02/2023.

Sin embargo, a partir de la fecha indicada, para la mayoría de los trabajadores el COVID-19 se considera como “enfermedad inculpable” en los términos de los artículos 208 a 212 de la Ley de contrato de trabajo (LCT) y debe atenderse como tal.

No obstante, en la medida en que el trabajador entienda que le corresponde el derecho a las prestaciones del régimen de riesgos del trabajo y quisiera reclamar en consecuencia, puede concurrir a las comisiones médicas articulando su reclamo, concluye la Dra. Marina Simondegui, especialista laboral de Arizmendi.